En un país donde la justicia suele mirar hacia otro lado ante denuncias por abuso, grooming o violaciones, sin tomar verdaderas acciones en el asunto, resulta tan llamativo como inquietante que una banda ciudadana, por fuera de la ley, logre organizarse con precisión quirúrgica para “cazar” a presuntos agresores sexuales. Lo irónico —y trágico— es que esta misma justicia, tan ineficiente para prevenir el delito real, fue extremadamente eficaz para dar con ellos.Cinco personas fueron detenidas en las últimas horas, acusadas de formar parte de un grupo que usaba redes sociales para atraer hombres mediante engaños, someterlos a brutales golpizas y transmitirlo en vivo. El líder, Brandon Joaquín Maldonado, mejor conocido como “El Quechuga”, movía una audiencia de más de 80 mil seguidores. Su contenido, disfrazado de “justicia por mano propia”, en realidad ocultaba un ejercicio de violencia extrema y espectacularizada.El método era tan efectivo como retorcido: simular una situación de grooming para justificar los ataques. Lo que siguió fue violencia transmitida como entretenimiento, tortura convertida en show. Las víctimas, más allá de la sospecha que se quiera sembrar sobre ellas, fueron expuestas y humilladas ante miles de espectadores, en un ciclo de crueldad digital con rating.La pregunta es inevitable: ¿por qué esta banda logró organizarse con más eficacia que las instituciones que deberían prevenir el abuso infantil y proteger a las víctimas reales? ¿Por qué cuesta tanto que se actúe ante una denuncia por violación o acoso, pero no ante la denuncia de un golpeador que, aún habiendo participado de chats perturbadores, termina siendo víctima de una emboscada?Esto no es una defensa del accionar de la banda. Lo que hicieron es aberrante y debe ser juzgado con todo el peso de la ley. Pero el hecho de que ellos hayan logrado montar un esquema de rastreo, atracción y captura de presuntos abusadores mientras la justicia acumula carpetas sin resolver es un síntoma brutal de un sistema que reacciona cuando quiere, contra quien quiere.La causa ya avanza en la justicia penal juvenil, por la participación de un menor de 17 años. Las penas podrían llegar a los 25 años. Un castigo que contrasta con la lentitud, la desidia o directamente la impunidad con la que muchas víctimas reales tropiezan al buscar respuestas en los tribunales.¿La violencia contra los violentos es justicia? No. Pero tampoco lo es una justicia que actúa sólo cuando es televisada.